Oscar Rodríguez Torres, coacusado en el caso federal de fraude en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), admitió esta tarde su culpabilidad en seis de los 28 cargos que pesaban en su contra.
Ante la magistrada Camille Vélez, en la sala 11 del Tribunal Federal de Hato Rey, el excontratista del DRD se declaró culpable de los cargos de conspiración, hurto de dinero y propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
El Ministerio Público, representado por el fiscal federal Seth Erbe, desestimó los 22 cargos restantes por transacciones monetarias ilegales, y recomendó una pena de cárcel de cinco años y tres meses.
Además, el gobierno confiscará una suma de $2,936 contenida en una cuenta en MaunaCoop de la empresa Rosso Group, propiedad del ahora culpable de fraude.
El juez federal Pedro Delgado Hernández, quien está a cargo del caso, fijará ahora una vista de sentencia, donde deberá determinar si acoge la recomendación de la Fiscalía.
De acuerdo con el pliego acusatorio, Rodríguez Torres creó la corporación Rosso Group el 8 de febrero de 2013, a través de la cual recibió unos $8.8 millones en fondos federales como parte del esquema. La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, ha dicho que la empresa fue creada “para financiar proyectos otorgados” por el exsecretario del DRD y coacusado, Ramón Orta Rodríguez.
Según se desprende de la investigación, Orta Rodríguez firmó contratos con Rosso sin entablar un proceso de licitación o evaluación de los servicios prestados. A través de su empresa, lee el documento, Rodríguez Torres inflaba los precios de los servicios a ser provistos, y la diferencia se la repartían entre los coacusados.
En su intervención, el fiscal Erbe indicó que tiene bajo su poder admisiones de culpabilidad, fotos, mensajes de texto, mensajes de voz, testimonios y contratos para probar la culpabilidad de los implicados en el alegado esquema de fraude.
En este caso, ya se han declarado culpables Edgardo Vázquez Morales, exayudante especial de Orta Rodríguez, y el excontratista Miguel Sosa Suárez, quien fungió como director de finanzas del excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) David Bernier.
A su vez, cambiaron su alegato de culpabilidad, el empresario Juan Carlos Ortiz Nieves y Cecilia Amador López, quien, presuntamente, junto a su esposo, se lucró ilícitamente de un contrato por servicios profesionales para consultoría de propuestas valorado en $11,700.
Solo Orta Rodríguez -jefe de la agencia bajo la administración de Alejandro García Padilla- y el excontratista Irving Riquel Torres Rodríguez -esposo de Amador López- sostienen, al día de hoy, su inocencia.