Un exempleado y un excontratista del Municipio de Toa Baja acusados de corrupción a nivel federal se declararon no culpables en la tarde de hoy, jueves.
El exdirector de Planta Física de Toa Baja, Edgar Arroyo Amezquita, y el contratista Luis Serrano Perdigón enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude a programas de fondos federales, por soborno, por emitir declaraciones falsas a las autoridades federales y por robo de identidad agravada.
Ambos fueron arrestados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la madrugada del pasado viernes. Ese mismo día, tras su vista inicial ante la magistrada Silvia Carreño Coll, ambos quedaron libres bajo una fianza de $10,000.
Para hoy en la tarde, estaban citados en la sala 8 del Tribunal Federal para la vista de lectura formal de cargos, proceso en el que se leen los derechos a los acusados y se les explica la lista de cargos en su contra. Según el expediente del caso, tanto Arroyo Amezquita como Serrano Perdigón renunciaron a comparecer en dicha vista y sometieron su alegato de no culpabilidad.
El fiscal Seth Erbe cuenta con siete días para hacer disponible a la defensa el descubrimiento de prueba, y luego, los abogados de defensa -los licenciados Eric Vos y Yasmin Irizarry en representación de Arroyo Azmequita y el licenciado Ignacio Fernández, de Serrano Perdigón- tendrán 14 días para someter mociones. El caso fue asignado a la jueza federal Carmen Cerezo.
Según el pliego acusatorio, Arroyo Amezquita utilizó su cargo como directivo dentro del municipio “para beneficiarse, enriquecerse, robar y obtener por fraude propiedades de Toa Baja por un valor de alrededor de $5,000”.
Para cometer los supuestos delitos que se le imputan, supuestamente conspiró con el contratista para presentar “documentación falsa y engañosa para obtener fraudulentamente contratos municipales y pagos monetarios”.
“Utilizaron una empresa ficticia, Professional Sales & Service, bajo el nombre y la firma de una persona real con iniciales JM, a pesar de que JM no estaba al tanto de las cotizaciones o el uso de su nombre y firma para enviar cotizaciones. También utilizaron un número de seguridad social ficticio y una cuenta de correo electrónico para que los pagos se procesaran bajo el nombre de Professional Sales & Service y la compañía pareciera legítima”, indicó la jefa de fiscales Rosa Emilia Rodríguez.
Asimismo, señaló que los imputados presentaron propuestas infladas bajo el nombre de una compañía controlada por Serrano Perdigón, a la que identificó como A.L.S. Servicio Electrónico (ALS), para lograr que las cotizaciones que se alega sometían bajo la empresa Professional Sales & Service lograran ser elegidas por el ayuntamiento.
"De 2011 a 2013, más de $140,000 en contratos fueron otorgados y pagados por el municipio de Toa Baja a Professional Sales & Service", precisó.