Rocket Learning paga defensa de acusada en caso de fraude

Rocket Learning paga defensa de acusada en caso de fraude


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Rocket Learning, Pérez García y otros 31 empleados de dicha compañía fueron acusados el 10 de septiembre pasado como parte de la primera fase del operativo denominado como "Bad Grades" o "Malas notas. (GFR Media)

El abogado de la directora de Servicios de Educación Suplemental (SES) de Rocket Learning, Brenda Pérez García, es pagado por la propia compañía coacusada en este caso, trascendió en una vista que se llevó a cabo la semana pasada ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

Pérez García está acusada junto a la empresa y otros 31 empleados de la misma por llevar a cabo un esquema de fraude al facturar por servicios de tutorías no ofrecidas, según la investigación dirigida por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Pese a la asociación de la empresa y la acusada, la magistrada emitió un informe recomendando al juez federal a cargo del caso, Jay García Gregory, para que permita a Raúl Mariani Franco continuar representando legalmente a Pérez García.

En el informe, la magistrada explica que se llevó a cabo una vista el jueves pasado al respecto, luego de que la Fiscalía federal solicitara se indagara quién estaba pagando por la representación legal de la acusada.

Durante la vista, trascendió que Pérez García continúa siendo empleada de Rocket Learning y que esta empresa paga por los honorarios legales.

"Luego de considerar los argumentos de las partes y de orientar con profundidad a Pérez García sobre las consecuencias de permitir que el coacusado pague por su representación legal (dado a potencial de posible conflicto de interés), recomiendo que el abogado Raúl Mariani continúe representando a Pérez García", lee el informe de Carreño Coll.

La magistrada aclaró que hizo las gestiones para asegurarse que Pérez García entendía las consecuencias del arreglo de pago por parte de la compañía coacusada a su abogado, especialmente porque Rocket Learning podría dejar de pagar los honorarios legales en cualquier momento, lo que sería adverso para su caso.

"Después de indagar, estoy convencida de que Pérez García comprende el potencial conflicto de interés que podría surgir bajo el arreglo actual de pago y que ella entiende. También estoy convencida de que a pesar de estar informada de las consecuencias de que un coacusado pague por su defensa, ella desea ser representada por el abogado Mariani, quien al momento no representa a más acusados en este caso. A pesar de que el arreglo de pago podría representar un potencial conflicto de interés en el futuro, concluyo que no hay impedimento para recomendar que el licenciado Mariani continúe representando a Pérez García", agregó Carreño Coll.

Rocket Learning, Pérez García y otros 31 empleados de dicha compañía fueron acusados el 10 de septiembre pasado como parte de la primera fase del operativo denominado como "Bad Grades" o "Malas notas".

Los acusados enfrentan 26 cargos por fraude postal por enviar entre 2011 y 2013 pagos a través del Servicio Postal de Estados Unidos para saldar 26 facturas que contenían información fraudulenta, un cargo por robo de $954,297 de fondos federales Título I, y 45 cargos por robo de identidad agravado, dado que supuestamente falsificaban nombres y firmas de los estudiantes para aparentar que recibían tutorías.

Según la pesquisa, los acusados falsificaban los registros biométricos de asistencia y documentos con firmas falsas de estudiantes, padres y maestros. Además, Pérez García, directores regionales, directores de programas, coordinadores operativos, maestros y líderes de maestros supuestamente acordaron maximizar la facturación de Learning Rocket para cobrar por servicios que no fueron prestados. Se alega que los directores de programas, regionales y la directora de SES recibían bonos basados en la cantidad total de dinero facturado fraudulentamente.

En su página de Internet, Rocket Learning destaca que tienen sede en Estados Unidos. Su presidente y cofundador, Jaime Palés, no fue acusado. La compañía se creó en el 2005 y dice que han ayudado a más de 100,000 niños en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que “gracias a la confianza y el apoyo de los padres, maestros y estudiantes, nos hemos convertido en el mayor proveedor de SES en el País”.

El programa SES fue cancelado en 2013 por el secretario de Educación, Rafael Román, quien al surgir la acusación, canceló los contratos de otros programas que aún tenía con Rocket Learning.

De ser encontrados culpables, los acusados se exponen a penas de hasta 20 años, más dos años estatutarios por cada uno de los cargos por robo de identidad agravada.

El fiscal del caso es Seth Erbe.

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