Posponen vista contra el empresario involucrado en esquema del DRD

Posponen vista contra el empresario involucrado en esquema del DRD

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En la foto, el excontratista Juan Carlos Ortiz. (GFR Media)

El excontratista Edgardo Ortiz Nieves, uno de los involucrados en el caso federal de corrupción en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), cambiará su alegato de culpabilidad el próximo 14 de mayo.

La audiencia pautada para hoy frente a la jueza magistrada Silvia Carreño Coll fue recalendarizada a raíz de una solicitud del abogado de defensa Goodwin Aldarondo, quien radicó una moción que aparece en el expediente del caso, pero cuyo contenido está restringido.

Ortiz Nieves está acusado por el cargo 7 de soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales, y por los cargos 35 y 36 que condenan su participación en dos transacciones monetarias ilegales valoradas en $12,000 cada una.

De acuerdo al pliego acusatorio, las transacciones monetarias contenidas en los cargos 25 al 50 son producto de actividades ilegales como robo de fondos públicos, soborno a funcionarios gubernamentales y fraude electrónico.

En su totalidad, el esquema de enriquecimiento ilícito, valorado en unos $9.9 millones, consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal con propuestas gestionadas a través del DRD que beneficiaron a compañías creadas intencionalmente para lucrarse del esquema.

A la par, fueron beneficiados con pagos en efectivo los dos funcionarios gubernamentales a la cabecilla del esquema, el exsecretario del DRD Ramón Orta Rodríguez y su exayudante especial Edgardo Vázquez Morales -quien se declaró culpable el pasado 13 de febrero-.

En el caso particular de Ortiz Nieves, según el pliego acusatorio, los coconspiradores conocieron al empresario en noviembre de 2014, y, acto seguido, este se dedicó a pagarles a Orta Rodríguez y Vázquez Morales bebidas, comidas, y hasta juegos de golf. En esas actividades sociales, el trío comenzó a discutir el arrendamiento de una propiedad de Ortiz Nieves en Guayama para utilizarla como una instalación deportiva y recreativa durante cinco años.

Según el pliego acusatorio, Ortiz Nieves se embolsilló unos $72,000 de fondos públicos obtenidos de manera ilícita a través de la “Sucesión A”, dueña de la propiedad en Guayama y la cual ha sido descrita como una entidad con “múltiples miembros, incluyendo el acusado Ortiz Nieves”.

El potencial lucrativo se materializó luego de que la renta mensual de $8,500 inicialmente propuesta por Ortiz Nieves, fuera elevada a $14,500 mensuales. En común acuerdo, de ese aumento de $7,000, Ortiz Nieves comenzó a pagar una porción de la diferencia a Orta Rodríguez y Vázquez Morales, quienes se dividían los pagos en efectivo. Por tanto, al excontratista se le acusa de soborno a funcionarios públicos, por haber ofrecido corruptamente un objeto de valor para influir o recompensar al exsecretario de agencia.

Además, el 12 de enero de 2016, Ortiz Nieves fundó la empresa Sports Consultants para, supuestamente, transferir los fondos obtenidos del arrendamiento, retirar dinero en efectivo y pagar los “kickbacks” a Orta Rodríguez y Vázquez Morales.

El resto de los coacusados

La vista de sentencia contra Vázquez Morales se celebrará el 1 de junio a las 9:30 a.m. frente al juez federal Pedro Delgado Hernández. En el calendario del Tribunal Federal, por lo que queda año, todavía no está calendarizada la vista de sentencia para el excontratista Miguel Sosa Suárez, quien se declaró culpable por seis cargos el pasado 12 de abril.

Mientras, para el 29 de junio a las 9:00 a.m., está programada una vista de status en la que comparecerá los restantes coacusados y el fiscal federal Seth Erbe.

Aparte de Orta Rodríguez, también figura como coacusado Oscar Rodríguez Torres, quien creó la corporación Rosso Group en 2013, y a través de la cual recibió $8.8 millones en fondos federales presuntamente como parte del esquema, según la investigación.

Por último, la acusación incluye a Irving Riquel Torres Rodríguez y a su esposa, Cecilia Amador López, quienes supuestamente se lucraron ilícitamente a través de un contrato de servicios profesionales para consultoría de propuestas por $11,700.

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