Llena la agenda judicial a nivel estatal para el 2016

Llena la agenda judicial a nivel estatal para el 2016


José Bosch Mulero (horizontal-x3)

José Bosch Mulero enfrenta juicio por los asesinatos de Miguel Ortiz Díaz, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, su suegra Clementina Ciriaco López y su hijo mayor, Michael Ortiz, de 15 años. (José Rodríguez)

Sucesos que sorprendieron al país al momento de ocurrir, ahora pasarán a dirimirse en corte, como la llamada masacre familiar de Guaynabo y el triple asesinato de oficiales de la Policía ocurrido apenas la semana pasada en la Comandancia de Ponce.

Este año en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón se llevará a cabo el segundo juicio por el asesinato de una familia ocurrida en la urbanización Los Frailes, en Guaynabo, entre el 18 y 19 de noviembre de 2014.

El segundo juicio será contra José Bosch Mulero, quien se alega cometió los hechos junto a Christopher Sánchez Asencio. Los juicios se vieron por separado, y ya Sánchez Asencio fue encontrado culpable y sentenciado a 254 años, cinco meses y seis días de cárcel por los asesinatos de Miguel Ortiz Díaz, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, su suegra Clementina Ciriaco López y su hijo mayor, Michael Ortiz, de 15 años. Sobrevivió el hijo menor, de 13 años, quien fue testigo en el primer juicio y volverá a testificar, ahora contra Bosch Mulero.

En el mismo centro judicial, este 14 de enero, está pautada para verse la vista preliminar contra el suspendido oficial de la Policía, Guarionex Candelario Rivera, imputado de matar a tres agentes del orden público en la Comandancia de Ponce.

El agente de la Policía enfrenta tres cargos por asesinato en primer grado, tres cargos por restricción a la libertad agravada, falsa amenaza y cuatro violaciones a la Ley de Armas por hechos ocurridos el 28 de diciembre pasado en la Comandancia de Ponce, cuando se alega que en medio de una disputa laboral, asesinó a la teniente Luz M. Soto Segarra, a la agente Rosario Hernández de Hoyos y al comandante Frank Román Rodríguez.

Un caso que estremeció a muchos en el país fue el asesinato del exprocurador de menores Antonio Barceló Jiménez y sus dos hijas en medio de una balacera ocurrida en la carretera PR-2 en Guaynabo, ocurrido el 11 de diciembre de 2004.

El año pasado acusaron a cinco sujetos por la muerte de Barceló Jiménez y sus hijas Laura y Yahaira, y por herir a una amiga que viajaba junto a ellos tras salir de un concierto cuando el entonces procurador las fue a recoger.

Los acusados son: Abdiel Moreau Dones, Billy de Jesús Reyes, Alex Rivera Huertas, Ángel Díaz Vélez e Israel Sánchez de la Rosa.

El juicio está pautado para comenzar el 4 de abril en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Se estima que durará unos 20 días, según se adelantó. La fecha podría atrasarse, luego de que en diciembre pasado la jueza Vivian Durieux ordenara la disolución de los potenciales jurados por "contaminación" al hacer comentarios entre ellos sobre los acusados. El proceso de selección del jurado continúa el 1 de febrero.

Mientras, la orden de nuevo juicio para Pablo Casellas Toro emitida por el Tribunal de Apelaciones en noviembre pasado, está bajo revisión a petición del Departamento de Justicia que, de no salir favorecido, podría recurrir al Tribunal Supremo.

En respuesta a un recurso sometido por la defensa, en noviembre pasado el Tribunal de Apelaciones emitió una decisión en la que establecía que el veredicto en el caso de Casellas Toro, de 11 a 1, no siguió los principios de la Constitución de Estados Unidos, que exige un veredicto unánime. Casellas Toro fue convicto por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

La defensa también había sometido un recurso basado en que la sentencia no reconoció la doctrina establecida por el caso del Supremo de Pueblo vs. Sánchez Valle, que estableció que Puerto Rico no cuenta con soberanía dual para acusar a una persona ya acusada a nivel federal.

De hecho, el 13 de este mes se verá ante el Tribunal Supremo federal la petición del Departamento de Justicia relacionado a la opinión sobre la doble exposición, al establecer que Puerto Rico es un territorio bajo la cláusula territorial y no puede radicar cargos contra personas ya juzgadas por los mismos delitos a nivel federal.

Casellas cumple una condena federal concurrente con la pena estatal por mentir a agentes federales al decir que fue víctima de un carjacking que nunca ocurrió poco antes del asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Un caso que está pendiente para ver nuevo juicio es el de Christian Serrano Chang, luego de que el Tribunal Supremo denegara en tres ocasiones revisar la orden del Tribunal de Apelaciones para que se lleve a cabo un nuevo juicio en el caso por el asesinato del niño Dylan Díaz Salgado por entender que hubo "conducta impropia" por parte del fiscal de distrito del Tribunal de Arecibo, Wilson González Antongiorgi, durante los informes finales.

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