Llegan Walker y Severino para radicación de cargos por el FEI

Llegan Walker y Severino para radicación de cargos por el FEI

El expresidente de la Universidad de Puerto Rico dice que viene al tribunal a plantear la verdad

La oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) acusó hoy al expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker, y el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Los cargos fueron radicados por las fiscales especiales Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche en el Centro Judicial de San Juan.

Cerca de una hora después de haber comenzado la audiencia en la Sala de Investigaciones, la jueza Geisa Marrero Martínez determinó detener la vista y continuará el martes.

Ante la cantidad voluminosa de prueba que presentaron las fiscales, se le concedió tiempo a la defensa para poder estudiarla.

Mientras, durante este tiempo la jueza estudiará documentos sometidos por la defensa, que alega proveen prueba exculpatoria a favor de Walker y Severino.

A su salida de la sala, Meléndez Vega dijo que cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, en el artículo 4.2b, “que es cuando se conceden beneficios de una persona para otro fuera del cumplimiento de la ley”.

Señaló que también le radicaron cargos por interferencia indebida en las operaciones gubernamentales y otro por omisión en el cumplimiento del deber”.

La fiscal señaló que contra Walker, además, sometió un cargo por “malversación de fondos por los fondos que se desembolsaron para las becas”.

Meléndez defendió las prórrogas que se tomaron para someter las acusaciones, incluyendo justificaciones relacionadas a atrasos provocados por el huracán María.

Expuso que la ley del Panel del FEI, dispone en su artículo 12.4, “para un término adicional improrrogable, después de los 90 días, para culminar la investigación y lo hicimos dentro de ese término”.

La fiscal especial también explicó que la jueza no acogió el planteamiento de la defensa de que el FEI no tenía jurisdicción sobre ambos acusados porque no eran funcionarios electos.

“Esos planteamientos (expiración del término) fueron declarados no ha lugar por el tribunal y determinó entonces que iba a entrar en la vista de causa”, sostuvo Melénez, quien también defendió su determinación de no incluir como testigo a la juez Mercedes Bauermeister, quien llegó a someter a la UPR un informe exculpando a Walker.

“Esa fue una determinación nuestra”, acotó.

Por su parte, el abogado de Severino, Harry Anduze, preguntado sobre la lista de 16 testigos sometida por el FEI, expresó que “para sorpresa de nosotros, hay testigos que ni botándolos se acaban, pero no está la licenciada Bauermeister”.

“Fue quien preparó el informe último, que evaluó el informe que sí le entregaron a la jueza hoy y que concluye que (el primero) es un informe que está lleno de errores y percepciones equivocadas”, sostuvo.

Ese informe de Bauermeister fue el que Anduze sometió como prueba exculpatoria y que la jueza evaluará para la vista del martes.

“La Junta de Gobierno de la UPR examinó el informe de la licenciada Bauermeister y determinó que no había razón alguna para tomar curso de acción alguno; por el contrario tenían que evaluar el proceso de becas presidenciales”, agregó.

Anduze también señaló que cuestionaron ante la jueza “cuál fue la ley ellos alegan que se incumplió, cuál de los reglamentos, de las certificaciones… porque ninguna de las denuncias dice cuáles son”.

Tanto la representación legal de Severino, como la de Walker, insistieron en que el procesamiento de ambos responde a una “cuestión política”.

Por su parte, el abogado Javier Vázquez, quien representa a Walker, criticó que se sometiera el caso por declaraciones juradas, sin tener la oportunidad de contrainterrogar a los testigos.

A su salida de la sala, Walker dijo que “este es el principio de la etapa que nos va a exonerar de este proceso de persecución que hubo en nuestra contra”.

“Ustedes escucharon que las fiscales decidieron, motus propio, no presentar evidencia que excpulan tanto al rector Severino, como a este servidor, en este proceso”, manifestó Walker.

“Hubo envidia. Había una necesidad y, quizás, un interés de desestabilizar la universidad”, afirmó. “Juzguen donde estaba la universidad hace 18 meses y dónde está ahora”.

La controversia está relacionada a la aprobación de la Beca Presidencial por $40,000 a Carlos Pagán para estudiar maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard; $25,000 a Arturos Ríos Escribano para realizar un doctorado en Derecho en la Universidad Alcalá de Henares, en España; y $23,200 a Mónica Sánchez para estudiar un doctorado en Urbanismo en España.

“Nuestro cliente (Severino) era rector… como los rectores de los otros recintos que también dieron becas”, manifestó Anduze. “La pregunta es por qué escogieron el Recinto de Río Piedras”.

Severino fue recibido a las afueras del tribunal por un grupo de decenas de profesores, líderes comunitarios y exfuncionarios que se presentaron para manifestar su apoyo al exrector riopedrense.

“No tengo duda de que es inocente”, dijo Juan Fernández, exrector del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Por su parte, el profesor y sociólogo Ángel “Chuco” Quintero catalogó todo el proceso contra Severino como “bien injusto para una persona que ha servido bien. Estamos aquí para que no se sienta solo”.

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