Justicia pide reconsideración en caso de Pablo Casellas

Justicia pide reconsideración en caso de Pablo Casellas


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Según Miranda, la cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda de la Constitución federal no requiere que en los procedimientos criminales estatales los veredictos de culpabilidad se emitan por voto unánime. (Archivo / GFR Media)

El Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Apelaciones una moción de reconsideración a la determinación de otorgar un nuevo juicio a Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa, informó hoy el secretario de esta agencia, César Miranda.

El titular indicó que el recurso se presentó a través de la Oficina de la Procuradora General, en respuesta a la decisión del foro apelativo, basada en que el veredicto contra el excorredor de seguros en el proceso que se llevó en su contra en el Tribunal de Primera Instancia no fue unánime.

“En aras de darle la oportunidad al propio panel de jueces a que corrijan su decisión, presentamos hoy el recurso de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal resolvió que tras la decisión del Tribunal Supremo federal en Pueblo v. Sánchez Valle se deduce que aplica a Puerto Rico el requisito federal de unanimidad en el veredicto de jurado en casos penales. Para nosotros es un análisis errado, pues el requisito de unanimidad se aplica únicamente en las cortes federales”, manifestó el secretario de Justicia.

Miranda explicó que antes y después de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Sánchez Valle, la cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda de la Constitución federal no requiere que en los procedimientos criminales estatales, incluyendo a Puerto Rico, los veredictos de culpabilidad se emitan por voto unánime.

“La sentencia del Tribunal de Apelaciones es contraria a las decisiones vinculantes tanto del Tribunal Supremo federal como del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconocen el derecho a un veredicto unánime no es un derecho fundamental oponible a los estados o a Puerto Rico. El veredicto 9-3 es la norma que sigue vigente en nuestro ordenamiento y el Tribunal de Apelaciones está obligada a aplicarla en este caso”, apuntó Miranda.

La moción de reconsideración presentada por Justicia contiene 13 páginas, lo que excede el máximo establecido en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Este exceso, según se explica en el documento, “resultó inevitable, ya que fue necesario abundar sobre el marco jurisprudencial y doctrinal que justifica que este Tribunal deje sin efecto la sentencia cuya reconsideración se solicita”.

Se establece en el escrito que el decreto de nuevo juicio emitido en este caso anula el veredicto emitido por un jurado, degrada los derechos de los familiares de la víctima del delito y “como si ello fuera poco, anula la voluntad del Pueblo de Puerto Rico al adoptar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La moción cataloga el dictamen emitido “sin autoridad o jurisdicción y completamente a destiempo”.

El Tribunal de Apelaciones concedió el pasado 24 de noviembre la petición de nuevo juicio solicitada por la defensa de Casellas Toro, quien actualmente cumple cárcel por el asesinato a tiros de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

La defensa de Casellas Toro había presentado en mayo argumentos para solicitar la anulación del veredicto de culpabilidad en la que establece que los veredictos por jurado en la Isla tienen que ser por unanimidad. El abogado de Casellas Toro, Harry Padilla Martínez, como defensa de sus alegatos, aludió a la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos y sus efectos en las leyes.

Al ordenar la celebración del nuevo juicio y de una vista de imposición de una fianza al hijo del juez federal Salvador Casellas, el Tribunal de Apelaciones apunta a la doctrina establecida recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo vs Sánchez Valle, que establece que Puerto Rico no cuenta con soberanía dual para acusar a una persona que ya ha sido acusado en el foro federal.

Utilizando este caso, la defensa de Casellas Toro argumentó que el veredicto de 11 a 1 que emitió un jurado contra su representado no seguía los principios consagrados en la Constitución de Estados Unidos, que exigía un veredicto unánime.

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