Juez ordena restitución de directivos en el Instituto de Estadísticas

Juez ordena restitución de directivos en el Instituto de Estadísticas

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El gobernador Ricardo Rosselló indicó que estará evaluando sus opciones. (GFR Media)

El juez superior Anthony Cuevas Ramos emitió este jueves una orden de cese y desista contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por interferir con el funcionamiento del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y ordenó la restitución de los cuatro directivos que el primer ejecutivo destituyó el año pasado para dar paso a sus propios designados.

A lo que el Ejecutivo respondió: “Como todo proceso legal, nosotros estaremos evaluando lo que son las opciones. Estaré leyendo la decisión y después informaremos lo que será nuestro curso de acción”.

En un fallo de 35 páginas donde el juez analiza extensamente la jurisprudencia en torno a la designación y destitución de funcionarios y miembros de juntas de directores, Cuevas Ramos concluyó que el gobernador Rosselló Nevares actuó de manera contraria a la ley, cuando aplicando una ley firmada por este, removió a directivos, cuyas facultades no son exclusivas de la rama Ejecutiva.

La destitución de los demandantes como miembros del Instituto fue nula e ilegal”, reza el fallo de Cuevas Ramos haciendo referencia a la remoción de los directivos Antonio Fernós, Ana Dávila, Marta Álvarez y Sonia Balet.

Según el análisis de Cuevas Ramos, que entre otras cosas, descansa en jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “el alcance de la facultad del primer ejecutivo para destituir funcionarios subordinados a él depende necesariamente de las funciones que ejerza el funcionario y si las mismas son la esencia del poder ejecutivo”.

“Entendemos que esta situación de incertidumbre les está ocasionando daños al Instituto y, en última instancia, a nuestro País porque ello repercute en la validez y efectividad de las decisiones tomadas y anunciadas por ambas juntas”, sostuvo el juez superior, quien también hizo referencia a los planteamientos esbozados por el grupo congresional creado bajo la ley federal PROMESA y que solicitó fortalecer el IEPR.

El 21 de julio de 2017, en un confuso proceso, Rosselló destituyó a cuatro de los sietes directivos del IEPR, mientras dejó en el cargo a dos directivos que habían sido nombrados bajo la administración de Luis Fortuño, Bethsie Rosa y Alex López y acto seguido, nombró a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, a la contadora pública Jeanelle Alemar mientras renominó al ya directivo del IEPR, Arnaldo Cruz.

Entonces, El Nuevo Día reportó que la destitución de los directivos se produjo mientras estos se aprestaban a nombrar un nuevo director ejecutivo. En ese momento, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, cuestionó el proceder de la junta del IEPR y dijo a este diario que “la junta del Instituto se aprestaba a hacer un nombramiento para dirigir el IEPR, cosa nos amarraba las manos”.

Rosselló Nevares destituyó selectivamente a los directores del IEPR que fueron nombrados bajo la administración de Alejandro García invocando la Ley 3 de 2017 y que establece que el primer ejecutivo podrá remover a miembros de juntas de directores (lo que también hizo en elcaso de la Autoridad de Energía Eléctrica) si no gozan de su confianza o no pueden implementar su política pública.

La situación resultó en que el IEPR tenía de facto dos juntas de directores, forzando al actual director ejecutivo del IEPR, Mario Marazzi, a acudir a los tribunales y solicitar un interdicto hasta que se determinara cuál de los dos cuerpos rectores era el legítimo.

Los directivos nombrados por Rosselló y el propio mandatario, por vía de la secretaría de Justicia, alegaron al tribunal que Marazzi-Santiago no tenía facultad en ley para incoar el litigio, cosa que Cuevas Ramos no acogió.

“Coincidimos con la parte demandante en afirmar que las facultades impuestos en el artículo 11 de la ley 209-2003, no son restrictivas sino amplias pues el director ejecutivo es el encargado de hacer cumplir la ley orgánica del Instituto, lo que incluye acudir a los tribunales si es necesario”, indicó Cuevas Ramos en su decisión.

“La carta enviada por el gobernador a los codemandados el 21 de julio de 2017 no encuentra apoyo legal alguno”, agregó el juez.

La ley orgánica del IEPR (209 del 2003) establece que los directivos de esa entidad realizan facultades cuasilegislativas y cuasijudiciales y estos solo podrán ser removidos por justa causa y luego de haber sido escuchados, cosa que no sucedió.

Sencillamente, el gobernador no tiene autoridad, conforme a la norma pautada en los casos reseñados y la Constitución, para destituir a los demandantes. Estos son funcionarios cuasi legislativos y cuasi adjudicativos/judiciales que no formulan e implantan la política pública del país, y están fuera del alcance de la autoridad o poder del gobernador para destituirlos”, indicó Cuevas Ramos en su sentencia. “Se ordena la restitución de los codemandados a sus cargos como miembros de la junta de directores del Instituto”, ordenó el juez.

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