Emails en caso de corrupción gubernamental son evidencia que habla sola

Emails en caso de corrupción gubernamental son evidencia que habla sola


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Los mensajes entre los coconspiradores contienen una diversidad de pedidos especiales, cómo la contratación de amistades, celebración de fiestas, impulsar contratos con ciertas compañías, entre otros.

Varios mensajes electrónicos han sido el equivalente al arma del crimen en la investigación de las autoridades federales “Operación Botín de Guerra”, que llevó al arresto este jueves de diez personas a las que se les imputa haber participado de un esquema de corrupción gubernamental.

Una decena de ‘e-mails’ figuran en el pliego acusatorio como evidencia de las conspiraciones y acciones ilegales que llevaban a cabo los imputados, entre los que se incluyen varios funcionarios de gobierno y un importante recaudador del Partido Popular Democrático (PPD).

Dichos mensajes entre los coconspiradores contienen una diversidad de pedidos especiales, cómo la contratación de amistades, celebración de fiestas, impulsar contratos con ciertas compañías, entre otros.

Para la licenciada Julizzette Colón Bilbraut, fundadora de la firma de inteligencia social Monitor SN, resultó algo “superinteresante y revelador cuando la fiscal federal (Rosa Emilia Rodríguez) dijo que el mejor testigo había sido los correos electrónicos”.

La experta detalló que, en principio, hay unas disposiciones federales que impiden que otra persona o incluso las autoridades puedan tener acceso a un correo electrónico privado. Tal disposición impide a compañías que proveen esos servicios, como Gmail o Hotmail, entregar el contenido de un correo electrónico. Sin embargo, esa disposición de protección de privacidad se pierde una vez existe una acusación criminal, y entonces las autoridades pueden pedir la información a esas compañías.

“Las comunicaciones son privadas hasta que se cometa un delito criminal. Una vez se comete un crimen, no aplica la privacidad. En un caso como este, que obviamente todavía se tiene que probar, pero existe la posibilidad de comisión de un delito, ya al llegar a este punto el proveedor provee la información a las autoridades”, explicó Colón Bilbraut.

“Más interesante todavía. Aún desconocemos los hechos. Pero se dice a través del pliego que Anaudi Hernández (el recaudador del PPD) guardaba una lista los regalos que hacía las personas. Me pregunto si esa lista está en un formato electrónico”, añadió Colón Bilbraut.

La experta abundó que en este caso no hay problema evidenciario, toda vez que ya hay jurisprudencia resuelta en jurisdicciones de los Estados Unidos “que claramente hablan de pruebas de esta naturaleza”.

“Es más, (la evidencia de mensajes electrónicos) es más confiable que un testigo que se sienta a declarar. Aquí la evidencia habla sola”, explicó Colón Bilbraut.

“Eso está en manos de un tercero (la compañía proveedora) que no tiene nada que ver con el asunto. Además, esas compañías invierten millones para mantener la seguridad de esas comunicaciones. Y es altamente improbable que se pueda manipular esa información. Requeriría un grado de sofisticación increíble”, añadió.

La experta opinó que sería “bien difícil” que se pretendiera alegar que la información fue manipulada o que la cuenta fue ‘hackeada’.

“Aunque nosotros desconocemos el trámite porque solo vemos el resultado. Ya en este punto, como parte de ese trámite de pedir la información las compañías emiten una certificación de autenticidad de esos mensajes. Si hubiese habido alguna manipulación de un ‘hacker’, eso saldría. Y en ese caso incluso la fiscalía vendría obligada a informarlo, porque resultaría en una prueba exculpatoria”, explicó Colón Bilbraut.

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