El Tribunal Supremo no entra en la controversia de Educación Especial

El Tribunal Supremo no entra en la controversia de Educación Especial

En una resolución del 19 de marzo, el Tribunal Supremo consideró no ha lugar la solicitud de certiorari, pero hubo cuatro disidentes. (horizontal-x3)

En una resolución del 19 de marzo, el Tribunal Supremo consideró no ha lugar la solicitud de certiorari, pero hubo cuatro disidentes. (Juan Luis Martínez Pérez)

La determinación del Tribunal Supremo de no intervenir en una reclamación de pago detenida por la paralización de litigios que impone el Título III de la ley federal Promesa dejó ver las diferencias de criterio que tienen los miembros del alto foro judicial sobre la aplicación de la legislación federal.

En una resolución emitida el 19 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo declaró no ha lugar una solicitud de certiorari que buscaba que se dejara sin efecto la paralización automática de un reclamo para el pago de honorarios de abogados en un caso de Educación Especial. El Tribunal de Apelaciones había decidido mantener la paralización.

En este caso, Juan Vera González solicitó al Departamento de Educación que pague los honorarios que adeuda a los representantes legales de su hijo menor de edad en una querella contra la agencia, amparados en la Ley federal de Educación para Personas con Impedimentos (IDEA, por sus siglas en inglés).

La querella, que se resolvió a favor del padre, se fundamentó en que Educación no prestaba los servicios educativos especializados que el niño.

Además de los servicios educativos, las evaluaciones y las terapias, la Ley IDEA permite que los menores y sus encargados reciban ciertas “garantías procesales” en ruta a obtener una “educación pública, adecuada y gratuita”, entre ellas, el reembolso de los honorarios de abogados cuando prevalecen en sus reclamos.

Cuando el gobierno central se acogió a la reestructuración de su deuda al amparo del Título III de Promesa el año pasado, automáticamente fueron paralizadas todas las reclamaciones de pago contra el Estado.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez y los jueces Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez difirieron de la decisión de la mayoría de no entrar en esta controversia.

Mientras, el juez Rafael Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad con el de la mayoría, al opinar que los tribunales locales no tienen jurisdicción para levantar la paralización que provee la ley federal Promesa y, por ende, que el caso debe ser archivado administrativamente. A ese voto se unieron la jueza Mildred Pabón Charneco y los jueces Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.

Disidencia

En su voto particular, el juez Estrella Martínez sostuvo que él habría revocado al Tribunal de Apelaciones y advierte que este caso está exceptuado de la paralización automática de litigios provista en Promesa.

Estrella Martínez, Colón Pérez, Oronoz Rodríguez y Rodríguez Rodríguez opinaron que la moratoria no aplica al pleito instado al amparo de la ley federal IDEA.

A juicio de Estrella Martínez, la paralización automática de litigios contra el gobierno de Puerto Rico que impone el Título III no es absoluta y, por lo tanto, hay excepciones, como esta, en las que se puede proseguir con los casos.

“Sin embargo, hoy una mayoría de este Tribunal opta por considerar que el presente litigio está paralizado y que cualquier alegación para levantarla debe ser hecha ante el Tribunal de Quiebra. Ello, bajo el razonamiento errado de que este tribunal ostenta jurisdicción exclusiva para otorgar el referido remedio”, señaló Estrella Martínez.

Agregó que “el carácter colonial de nuestra relación con los Estados Unidos no puede conducirnos a validar que los estudiantes de Educación Especial confronten un marco desigual adicional y no puedan beneficiarse de la jurisprudencia interpretativa del Código de Quiebras que los foros judiciales locales y federales han aplicado concurrentemente”.

Por su parte, Colón Pérez, en su voto disidente, al que se unieron la jueza presidenta y la jueza Rodríguez Rodríguez, señala que la mayoría del Supremo erró en su dictamen porque el reclamo de honorarios de abogado surge directamente de la ley federal IDEA y, por tanto, es parte del derecho concedido a los padres y madres de estudiantes con necesidades especiales.

Los jueces coinciden en que los tribunales locales tienen la facultad de interpretar la aplicabilidad de la paralización según los casos.

Además, en el voto, advierten que la ley Promesa “no puede servir como fundamento para incumplir con obligaciones gubernamentales que surjan de legislación federal”. Recordaron en su explicación que ya la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el procedimiento de quiebra de Puerto Rico, permitió la continuación de un litigio al amparo de la Ley IDEA y no aplicó la paralización dispuesta en el Título III.

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