El caso de Perelló volverá a sala en agosto

El caso de Perelló volverá a sala en agosto

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El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló. (GFR Media)

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 23 de agosto.

En una conferencia sobre el estado de los procesos que se celebró ayer, el juez Enrique Silva Avilés pautó la fecha del próximo encuentro dentro de cuatro meses, para permitir que varias apelaciones que se dirimen en los foros superiores terminen su curso.

El pasado 9 de febrero, el juez Silva Avilés del Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó cuatro de los nueve cargos imputados contra el exlegislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Los cuatro cargos desestimados constituían violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, y estaban asociados, específicamente, al donativo de $10,000 que recibió el exlíder cameral del convicto contador Lutgardo Acevedo López, el cual no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral ni en el informe requerido por la Oficina de Ética Gubernamental.

Por tanto, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz acudieron al Tribunal Apelativo para objetar la determinación de desestimar tres de esos cuatro cargos.

Esto es un asunto de intención criminal. Si el tribunal nos permite presentar la prueba y la examina, como hizo el juez (Edgar Figueroa Vázquez) que determinó causa para arresto, puede determinar cuál fue la intención criminal de Perelló Borrás en esos hechos”, indicó Mendoza Rosario a preguntas de este medio.

Actualmente, Perelló Borrás enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos y violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Los hechos responden a su supuesta participación en la otorgación ilegal de un contrato a la empresa 3Comm Global, propiedad del ahora convicto federal y otrora recaudador del PPD, Anaudi Hernández Pérez, y a irregularidades en el financiamiento de su campaña.

Junto al exrepresentante, fueron acusados el exadministrador de la Cámara, Xavier González Calderón, su exayudante especial Glenn Rivera Pizarro, el licenciado Ángel Muñoz Noya, el asesor legislativo José Carrión Ferrer, y la extesorera de la campaña Ivelisse Reyes. A esta última, el Tribunal no le halló causa para arresto.

Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal Apelativo han determinado que le corresponde al Departamento de Justicia radicar cargos contra el abogado Muñoz Noya, por no ser funcionario público. No obstante, el Ministerio Público llevará al Tribunal Supremo su petición para que el FEI pueda procesar al licenciado, quien era parte del comité de finanzas de Perelló Borrás, y a quien se le imputa haber aportado $10,000 a la campañadel político popular, al mismo tiempo que recibía un contrato en le Cámara baja.

A la par, la defensa de Carrión Ferrer, radicó una moción en el Tribunal de Primera Instancia para que se desestimen los tres cargos contra su representado, basándose en la misma premisa de que el FEI no tiene jurisdicción sobre el caso. A Carrión Ferrer, quien fungió como asesor de Perelló Borrás, se le imputan cargos por extorsión, enriquecimiento injustificado e intervención indebida en las operaciones.

Discrepan sobre la solidez del caso

Para el abogado de defensa de Perelló Borrás, el licenciado José Andreu Fuentes, las desestimaciones son sintomáticas de que el caso “se está desmoronando”.

“Poco a poco ustedes verán cómo se van a ir deshaciendo las acusaciones… todavía no ha llegado a primera base, no hemos podido ver a un solo testigo, y ya, sin ver un solo ápice de evidencia, ya se ha desestimado más de diez denuncias entre todos”, resaltó a su salida de la sala.

Sin embargo, el fiscal Mendoza Rosario rebatió dichas expresiones, calificándolas de “totalmente equivocadas”.

“Las determinaciones como, por ejemplo, la de Ángel Muñoz Noya no son determinaciones desestimatorias. La decisión es que no lo debe procesar el PFEI sino el Departamento de Justicia. Realmente el caso no está yendo a ningún lado, que no sea decidir cuál de las dos agencias lo debe procesar”, aclaró.

También las partes discreparon en cuanto a la pertinencia del testimonio de Lutgardo Acevedo López, quien se declaró culpable de homicidio negligente el pasado 6 de abril. Su acuerdo con el Ministerio Público estipula que Acevedo López colaborará con todos los casos investigados por el PFEI, específicamente, el de Perelló Borrás.

“Los (cargos en los) que estaba Lutgardo se desestimaron. Si se quedan desestimados, evidentemente no va a cooperar en esos tres. No hay nada que esperar de nada”, descartó Andreu Fuentes.

“Él no sabe eso. Lutgardo puede ser testigo de lo que nosotros necesitemos”, rebatió la fiscal Pabón Ortiz.

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