Disputa por penalidades retrasa acuerdo entre el exsenador Soto Díaz y fiscales

Disputa por penalidades retrasa acuerdo entre el exsenador Soto Díaz y fiscales

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Un reclamo nuevo de cobro de penalidades administrativas por el dinero adeudado a Hacienda por supuesta evasión contributiva evitó que hoy se materializara un acuerdo entre la defensa del exsenador Antonio Soto Díaz y el Ministerio Público. (Ana María Abruña Reyes)

Un reclamo nuevo de cobro de penalidades administrativas por el dinero adeudado al Departamento de Hacienda por supuesta evasión contributiva evitó que hoy, lunes, se materializara un acuerdo entre la defensa del exsenador Antonio Soto Díaz y el Ministerio Público.

Hoy, lunes, debía iniciar el juicio contra el exlegislador novoprogresista, conocido como "El Chuchin" y su esposa Agnes Lopés Santiago ante el juez Alberto Pérez Ocasio, del Tribunal de San Juan, pero la defensa del matrimonio presentó una moción escrita hace varios días para convertir la audiencia en una vista sobre el estado de los procedimientos.

Cada uno de los acusados enfrenta tres cargos de evasión contributiva por no reportar un ingreso de $241,370 en los años contributivos de 2009, 2010 y 2011.

Soto Díaz también encara tres violaciones a Ley de Ética Gubernamental. Estas violaciones responden al supuesto incumplimiento o falsificación de información en los informes que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como senador.

Además, el polémico exlegislador enfrenta 13 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 por falsificación ideológica.

Por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, el exsenador se expone a una sentencia de 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de una sentencia suspendida o probatoria.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.

Durante la audiencia de esta tarde los fiscales especiales independientes Emilio Arill García, Manuel Nuñez Corrada y Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, y los licenciados Pablo Colón Santiago, José Torres Nolasco, Carlos Torres Nolasco y Pedro Rivera Martínez se acercaron al estrado del togado para discutir las incidencias del caso y las razones por las cuales no se había concretado un acuerdo que se anticipó en una vista previa atendida por la jueza Gisela Alfonso Fernández.

Esa transacción contempla que el exsenador restituya unos $200,000 de las contribuciones sobre ingresos adeudadas, $2,106 de las dietas legislativas, unos $50,000 por los gastos que la Oficina del Fiscal Especial Independiente incurrió en el caso, así como el pago de pena especial de $300 requerida por ley por cada delito grave, dinero que se destina para el Fondo de Ayuda a Víctimas.

Concluido el intercambio, Pérez Ocasio expresó en corte abierta que existían unas conversaciones entre las partes, pero "que no están finiquitadas porque hay un área en controversia".

Señaló que debido a esa discrepancia con una agencia de gobierno, que no identificó, las partes habían pedido tiempo adicional para "investigar" y ver si se podía zanjar la diferencia.

Así las cosas, fijó el juicio y una vista sobre el estado de los procedimientos para el 10 de diciembre.

"Hemos encontrado piedras en el camino que no nos han permitido satisfacer al Ministerio Público y al tribunal. Pensábamos que íbamos a finiquitar este asunto hoy", expresó el licenciado Colón Santiago para récord.

Fuera de sala, el licenciado Colón Santiago se expresó preocupado por el manejo del caso que se ha atendido desde el inicio por la vía criminal, pero que ahora en un cambio de escenario se le intentan aplicar penalidades administrativas del Departamento de Hacienda.

Conjeturó que esta decisión de cobrar penalidades administrativas por fraude responde a la diferencia que existe entre la cantidad de dinero que inicialmente el Ministerio Público calcó que el matrimonio defraudó y la cifra final que se pudo probar.

Originalmente los fiscales imputaron a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $481,000 en esas tres planillas, pero tras analizar la prueba y para encontrar causa para juicio, el juez Enrique Silva Avilés redujo la cifra de ingresos no reportados a $241,370.

"Lo que significa eso es castigar dos veces a nuestro representado", afirmó el abogado.

"Esto caso se inició en el tribunal con una investigación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. No inició con una investigación del Departamento de Hacienda. Hubiera sido maravilloso que Hacienda lo hubiera tratado desde el punto de vista administrativo como ha tratado otros casos… pero ahora cuando se enfrentan con que hay una diferencia marcadísima entre lo que se dice que era la evasión contributiva y lo que realmente podría tenerse prueba en principio de lo que es, pues ahora quieren aplicar penalidades por fraude", agregó.

El abogado detalló que otra abogada trabaja con la situación en Hacienda y se mostró confiado en que las partes superarán la diferencia.

Soto Díaz ocupó un escaño en el Senado por el distrito de Guayama y renunció al cargo el 15 de septiembre de 2011 en medio de un escándalo por alegadamente recibir como regalo un lujoso carro Bentley.

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