Por segunda vez, el Comité de las Fiestas de la Calle San Sebastián presentó una demanda enmendada contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el Municipio capitalino por no permitirle usar la Plaza del Quinto Centenario.
Además, alegan supuesto discrimen político, por no contribuir a la campaña de la líder popular.
La demanda enmendada ante la consideración del juez federal Francisco A. Besosa solicita una indemnización de $1.5 millones por supuesto libelo y difamación, violación a la libertad de asociación, no negociar de buena fe y violación de uso de marca registrada.
El Comité, representado por la abogada Jane Becker Whitaker, presentó la moción en la que indican que su "teoría" es que son discriminados por no donar dinero a la campaña de la Alcaldesa, ni al Partido Popular Democrático (PPD). Además, alegan que han visto "innumerables maneras" en las que los demandados "han favorecido a contratistas que tienen la misma ideología y le donan dinero a Cruz".
"Los demandados han continuado su patrón de discrimen en contra del Comité, a pesar de sus esfuerzos para negociar de buena fe, comenzando con cartas que enviaron en abril y junio, que nunca fueron contestadas, y con la presentación de un contrato igual al del año pasado. No obstante, los demandados prefieren contratar a sus simpatizantes, que les cobran el doble", alega la parte demandante.
Como ejemplo, dijeron que Buena Vibra Group recibió $175,000 para "crear el concepto" de las Fiestas de la Calle de San Sebastián en 2015 y para distribuir alcohol a los quioscos. Sin embargo, no cuentan con licencia para distribuir bebidas alcohólicas, según los demandantes. Alegaron también que no han producido evidencia sobre si cumplieron o no con sus obligaciones bajo los contratos adquiridos en 2013 y 2014.
Alegaron además que San Juan Family Entertainment es el principal contribuyente de fondos de la campaña de Cruz Soto y recibió $300,000 antes de someter las certificaciones requeridas por el Comité. Asimismo, dijeron que no dan importancia a la cultura, ni a la danza tradicional puertorriqueña.
El Comité, creado en 1980 para continuar con la celebración de las Fiestas de San Sebastián, cuyo manejo iniciaron en 1970, dice que demanda para "vindicar a la corporación para ser libres de discrimen y lograr que sean tratados como iguales a aquellos que tienen la misma ideología".
La demanda original, presentada el 31 de diciembre de 2014, planteaba el interés de asegurar la no eliminación del aspecto religioso y cultural de las fiestas, además de proteger la libertad de expresión porque alegaron que el Municipio rechazó darles permisos para celebrar eventos tradicionales en la Plaza del Quinto Centenario.
En esta ocasión, también buscan que se les permita usar la citada plaza.
En una vista el 7 de enero de 2015, las partes llegaron a acuerdos que permitieron la celebración del multitudinario evento del 15 al 18 de enero pasado.
Aunque la acción legal contra el Municipio y su Alcaldesa incluía aspectos de supuestas violaciones constitucionales como la de libertad de expresión y de religión, además de libelo y violación de marca registrada, el juez les ordenó llegar a acuerdos en relación al uso de la Plaza del Quinto Centenario y de auspicios.
En ese momento, acordaron que el Comité usaría la tarima y predios de la Plaza del Quinto Centenario el primer día del festival, pero no el resto del fin de semana porque no pudieron ponerse de acuerdo con los horarios disponibles.
“Estoy tratando de evitar emitir un interdicto, sino juntarlos a ustedes para que lleguen a un acuerdo… Don Ricardo Alegría y doña Rafaela Balladares posiblemente están revolcándose en sus tumbas con esto”, expresó Besosa durante la vista del 7 de enero pasado, refiriéndose al historiador que en la década de 1970 le pidió a la mencionada líder sanjuanera realizar las fiestas para recaudar fondos para el Colegio de Párvulos.