Coacusado en caso de Anaudi Hernández permanecerá detenido

Coacusado en caso de Anaudi Hernández permanecerá detenido

Acusados Anaudi Hernández y Javier Muñiz Álvarez (horizontal-x3)
Javier Muñiz Álvarez (segundo en la foto) está acusado por corrupción gubernamental junto a Anaudi Hernández (al frente), entre otros cargos. (Archivo GFR Media)

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó la decisión del juez federal Pedro A. Delgado de dejar sumariado sin fianza a Javier Muñiz Álvarez, único de diez acusados por corrupción gubernamental a quien no se le concedió libertad bajo fianza por supuestamente amenazar a un testigo.

En la decisión se destaca que "dando deferencia a la determinación del tribunal de distrito, no podemos concluir que debió llegarse a un resultado diferente" relacionado al caso de Muñiz Álvarez, coacusado en el caso contra el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Javier Hernández Pérez, quien está libre bajo fianza.

Ante esta determinación, su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, sometió una petición para que se lleve a cabo una conferencia de estatus.

En un principio, la magistrada federal Silvia Carreño Coll le concedió fianza de $10,000 y detención domiciliaria, pero los fiscales José Capó y Timothy Henwood se opusieron y solicitaron una vista de reconsideración, la cual se vio ante el juez federal Delgado.

La determinación de denegar fianza por parte de Delgado fue emitida el 15 de diciembre luego de escuchar una vista de fianza en alzada la semana anterior.

Durante el proceso, su abogado Francisco Rebollo Casalduc presentó que su cliente de 34 años era estudiante de doctorado en sicología, sin historial criminal ni de sustancias controladas, y es padre de un bebé.

Delgado basó su decisión en una supuesta amenaza que hizo el acusado a una potencial testigo. Los fiscales alegaron que Muñiz Álvarez dijo a la mujer que si se enteraba quiénes eran los “chotas”, los “mataría” a ellos, a sus familias y hasta a sus perros.

"Considerando cuidadosamente toda la evidencia y las posibles condiciones de libertad, la corte concluye que el gobierno ha mostrado, con evidencia clara y convincente, que no hay condición o combinación de condiciones que razonablemente aseguren la seguridad de la testigo y de la comunidad si Muñiz es liberado”, señaló Delgado.

“La amenaza, las circunstancias de las ofensas que enfrenta, incluyendo las potenciales penalidades, el peso de la prueba, el peligro hacia otros y Muñiz, con su experiencia en armas de fuego y contactos, superan otros elementos en su vida personal y su historial y características que argumentaban apoyando su libertad, aún bajo las condiciones que impuso la magistrada federal. La totalidad de la evidencia suministrada en la vista de reconsideración requiere detención. Por lo tanto, Muñiz permanecerá detenido sin fianza hasta el juicio", agrega el juez en su orden, y cuyo juicio está señalado para el 10 de mayo.

En la vista, los fiscales expusieron que entendían que el acusado representa un peligro a la comunidad y riesgo de obstrucción a la justicia para comprar municiones de calibres distintos a los de su arma de fuego, para la cual tenía licencia de portación, y por supuestamente amenazar a una testigo.

Capó Iriarte insinuó que el imputado podría tener otras armas de fuego no registradas.

Rebollo Casalduc destacó que su representado entregó el arma voluntariamente a las autoridades una vez fue arrestado y que Fiscalía estaba "especulando" si tenía otras armas.

"Si no sabe, no deben especular y son cosas que el gobierno no sabe", planteó el abogado de Muñiz Álvarez, acusado de conspirar para cometer fraude electrónico y a programas federales, conspirar para cometer lavado de dinero y destruir evidencia.

Amenaza “folclórica”

El abogado recalcó que la alegada amenaza era una expresión popular, "folclórica y caricaturesca", un decir "que todos decimos cuando no pensamos que será usada en nuestra contra". Indicó que "hasta ayer, no lo vieron como algo serio", dado a que no le radicaron cargos a su cliente por la supuesta amenaza a una testigo del caso.

Recordó que en el caso del exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontánez, las autoridades federales lo arrestaron tan pronto supieron que había amenazado a testigos.

"La supuesta expresión fue el 15 de octubre. ¿Fueron a arrestar a mi cliente y a proteger a la testigo? No. Llenan un informe 302 (informe de los agentes) y ya y no lo tomaron en serio. Nadie tomó acción como resultado de eso", dijo Rebollo Casalduc, quien recordó que la testigo tenía un artefacto para grabar conversaciones, pero no hay grabación de la alegada amenaza.

Reiteró que no lo acusaron por intervenir con testigos u obstrucción de la justicia, porque "la Fiscalía no pensó que tenían evidencia suficientemente fuerte para probarlo más allá de duda razonable en un juicio. Si no, lo hubiesen acusado".

El abogado manifestó que en 20 años de experiencia, nunca había visto una diferencia tan marcada entre la petición de Fiscalía para que se detuviera sin fianza a un acusado y el informe del oficial con antelación al juicio, que recomienda libertad bajo fianza.

"En 20 años no había visto tal diferencia entre la petición del gobierno y del informe. Uno de los dos está mal, y es el gobierno", expresó Rebollo Casalduc.

Abrumadora evidencia

Capó Iriarte indicó que tienen "abrumadora evidencia" en contra de Muñiz Álvarez y los demás acusados con grabaciones en audio y vídeo, más de 175 documentos y "cientos y cientos" de correos electrónicos, además de "docenas" de testigos y récords financieros.

Un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) testificó en la vista y dijo que se enteró de la "amenaza" al leer el informe de otro agente y habló con el agente investigador para entrevistar a la testigo.

"Cuando hablé con ella, estaba asustada, temía por su vida porque el acusado tenía conexiones en Moca y podía mandar a alguien (a matarla) si no lo hacía él. Que le dijo que mataría a chotas, sus familias y sus perros", señaló el agente.

A preguntas de Rebollo Casalduc, admitió que cuando hay amenaza, se activa un protocolo para proteger a la víctima y arrestar al alegado victimario, lo que no se hizo en este caso. Tampoco se ha reportado de ningún testigo herido o lastimado por alguien a raíz de los arrestos.

Los arrestos

Muñiz Álvarez, quien era empresario junto con Carlos Luna de la compañía JM Profesional (sic) & Training Group, fue arrestado el 3 de diciembre pasado. El hombre aspiraba correr para la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el pliego acusatorio, ambos eran empresarios de la mencionada compañía ligada a Hernández Pérez y obtuvo un contrato con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), gracias a la anuencia de la coacusada y entonces administradora de ADL, Sally López Martínez, también acusada en este caso y quien se alega consiguió dicha posición gracias a que Hernández Pérez se lo pidió a su amigo, el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Luis Gerardo García Padilla.

Uno de los contratos otorgados comenzó por $200,000 y aumentó hasta $800,000. Otro se firmó por $300,000 y llegó a ser de $944,500. Los contratos eran para ofrecer servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla.

Los demás acusados en este caso son la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez; la directora de la División de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier Eduardo González Calderón; su ayudante Glenn Omar Rivera Pizarro, así como el director de informática y tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto. Todos, excepto Muñiz Álvarez, están libres bajo fianza.

Según el pliego acusatorio, el amigo del gobernador Alejandro García Padilla y de su hermano Luis "Jerry" García Padilla enviaba recomendaciones de personas para ciertas posiciones, y luego creó varias empresas para obtener contratos gubernamentales. Mientras, hacía regalos -de los que llevaba apuntados en un récord- a las funcionarias para asegurar los contratos. Los regalos consistían en carteras de diseñador, boletos de conciertos y cenas en restaurantes lujosos.

Enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios públicos por medio de fraude electrónico, cargos sustantivos de fraude electrónico, extorsión, conspiración de lavado de dinero, declaraciones falsas ante un gran jurado, obstrucción a la justicia y conspiración de fraude electrónico para privar al gobierno de Puerto Rico de dinero y propiedad. Incluye un cargo por confiscación por el dinero producto de estos esquemas, que incluye la mansión de $4 millones de Hernández Pérez en Aguadilla.

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