Causa para juicio contra la exsenadora Mari Tere González

Causa para juicio contra la exsenadora Mari Tere González

La exsenadora Mari Tere González fue acusada por 13 cargos de violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental e incurrir en transgresiones de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de documentos falsificados. (horizontal-x3)

La exsenadora Mari Tere González fue acusada por 13 cargos de violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental e incurrir en transgresiones de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de documentos falsificados. (GFR Media)

El juez Rafael Taboas del Tribunal de San Juan determinó causa probable en 12 de los 13 cargos contra la exsenadora Mari Tere González.

Como cierre a la vista preliminar, el Tribunal halló no causa en el cargo por violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un servidor público no puede aceptar un beneficio como pago por realizar o dilatar deberes de su cargo.

El abogado de González, Yuseph Lamboy, indicó que: “lo más importante es que el caso más fuerte que tiene el PFEI (Panel del Fiscal Especial Independiente) se cayó”.

Sin embargo, los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón confirmaron que quedan 12 cargos que mantienen a la exsenadora acusada de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de información falsa.3

Uno de los testigos principales en la pesquisa contra la exseandora es el convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.

La investigación contra González comenzó después de que decidiera acogerse a su derecho a no incriminarse, cuando fue confrontada con el alegado pago de $2,000 durante el juicio federal contra Hernández y otros tres coacusados por un esquema de corrupción gubernamental.

El pasado 5 de febrero, durante la vista preliminar con la exsenadora, Hernández reiteró que realizó el pago, y le saldó una deuda que tenía con una imprenta de entre $300 y $400. Ninguno de los dos pagos figuran en los informes financieros que sometió a la Oficina de Ética Gubernamental.

Las denuncias los fiscales especiales alegan que la exlegisladora realizó gestiones para ayudar a Hernández Pérez y a su socio Héctor Vargas Soto, quienes habían apoyado su campaña electoral, a obtener contratos gubernamentales, que generaron ingresos al dúo de entre $300,000 a $2,000,000.

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