El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) informó hoy que la entidad realizará una investigación contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz por el caso del chat de WhatsApp.
La presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives, indicó que del informe que presentó el Departamento de Justicia surge que el exfuncionario "pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral, así como de la Ley de Ética Gubernamental".
Entretanto, la entidad determinó que "no surge prueba ni recomendación que requiera ulterior investigación" contra el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, por su participación en el chat.
Cotto Vives informó que el fiscal especial independiente a cargo de la investigación contra Ramos Sáenz será Ramón Mendoza Rosario y Iris Meléndez Vega fungirá como fiscal delegada.
Según un comunicado de prensa, el FEI también "acogió la recomendación de Justicia para que se analice la prueba —en unión con la evidencia recopilada— a fin de determinar si Itza García Rodríguez, Waleska Claudio, Yoniel y Yesenia Díaz Román pudieron haber infringido la ley por su participación e interacción con el exjuez Sáenz"
Los fiscales asignados al caso tendrán 90 días para realizar la investigación sobre los hechos y posteriormente deberán presentar su informe ante el FEI.
El 2 de mayo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, refirió al FEI su informe de la ivestigación e incluyó una recomendación para designar un fiscal especial a Ramos Sáenz, así como también a los otros funcionarios públicos que participaron en el chat mientras se confeccionaba el Plan para Puerto Rico que presentó el gobernador Ricardo Rosselló en su campaña eleccionaria.
En ese momento, la secretaria informó que los fiscales de Justicia examinaron 34,375 documentos y 108 participantes en los chats.
Vázquez añadió que “de la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto”.
Tanto Ramos Sáenz como Villafañe, y los otros funcionarios implicados en el caso, renunciaron a sus puestos en el gobierno.