Síntoma de un mal generalizado

Síntoma de un mal generalizado


Arrestos en Cesco (horizontal-x3)

Las autoridades entienden que podría haber más arrestos. .

Los arrestos ayer de más de 30 funcionarios públicos en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), son síntoma de la corrupción que ha infectado el servicio público en todos sus niveles por falta de controles y supervisión efectiva, opinaron expertos.

Si bien es normal que en empresas y agencias que manejan valores fiscales haya mayor riesgo de fraude, la probabilidad aumenta en la medida en que su personal no es seleccionado y supervisado de manera estricta, mucho más si se desempeña en un marco de poco escrutinio público.

Para los licenciados Víctor Rivera y Víctor García San Inocencio, coautores del recién publicado Informe sobre Corrupción en el Servicio Público de la Comisión de Derechos Civiles, los eventos de ayer confirman sus conclusiones en el sentido de que además de haber corrupción política, administrativa y gubernamental, existe un alto grado de corrupción social y personal.

“Debe haber una remirada a los procesos de reclutamiento, mayor rigor en el perfil del empleado que se necesita y en el nombramiento de ese empleado público. Tiene que haber, a la misma vez, un mayor grado y un énfasis grande en la supervisión”, planteó Rivera, quien fue secretario del Trabajo.

Agregó que el problema se agrava con la “desconexión entre las agencias fiscalizadoras” y la falta de una verdadera “guerra a la corrupción”. “En Puerto Rico el problema mayor es que la corrupción … es un asunto prioritario solamente en campaña política”, dijo

“Los Cesco son el síntoma de una enfermedad que arropa a todo el sistema gubernativo y se extienden al ámbito privado. Hay que educar masivamente, realinear los recursos fiscalizadores y hay que construir una cultura de la honradez”, reflexionó García San Inocencio.

Mientras, la directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, Eneida Torres de Durand, entiende que el problema de la corrupción pública en gran medida responde a la existencia de un aparato gubernamental del siglo pasado que, aunque tiene buenas normativas jurídicas y reglamentarias para combatirla, no es suficientemente efectivo evitándola porque carece de transparencia.

“Es necesario que comencemos de inmediato a desvelar ese manto de secretividad para que estos asuntos de corrupción se descubran, se presta para que la información no llegue al ciudadano y por tanto se haga actividad ilícita o ilegítima a obscuras, y cuando venimos a descubrirlo ya los fondos públicos se han malversado”, lamentó.

Al comparar las estrategias de gerencia en el ámbito gubernamental con las del sector privado, Torres de Durand destacó que “el sector privado tiene mucho más claro que no ser eficiente en lo que tiene que ver con sus sistemas gerenciales redunda en una baja rentabilidad para su negocio”. “En el sector público, … no hemos tenido claro que el daño más grande que genera el no ser eficientes es que no satisfacemos las necesidades básicas de la ciudadanía”, apuntó.

Los arrestos

A menos de dos años de un operativo similar y de allanamientos federales, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) diligenció ayer 38 órdenes de arresto contra un grupo que incluye funcionarios de oficinas de los Cesco, ciudadanos y hasta un policía estatal. A todos se les formularon cargos de corrupción y fraude, entre otros delitos. El director de la División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (Dicco) del NIE, Rufo González, explicó que las detenciones responden a esquemas que operaban en los Cesco, principalmente para borrar multas y realizar trámites fraudulentos para obtener licencias.

Más de una operación. “Cada funcionario de Cesco tiene su propia finquita, por decirlo de una manera. No es que está conectado cada uno con el otro… Cada funcionario de Cesco tenía su propia microorganización”, señaló González.

Según el funcionario, muchas veces la cadena de corrupción comenzaba con un gestor ilegal, quien se acercaba a personas que llegaban a los Cesco. Cuando les indicaban que iban a pagar multas, les decían cómo podían ayudarles a pagar la mitad.

“Ahí comenzaba el acuerdo entre el gestor ilegal y el funcionario del Cesco para borrar las multas”, sostuvo González. “El gestor ilegal era el que tenía el contacto y entonces el funcionario del Cesco era el que borraba”, precisó el directivo de Dicco.

El dinero pagado por el ciudadano entonces era dividido entre el funcionario y el gestor ilegal, agregó al revelar los hallazgos de la investigación que condujo a las acusaciones criminales.

El fiscal indicó que en la pesquisa encontraron casos en los que los ciudadanos llegaban sabiendo del esquema, pero también descubrieron que timaron a personas a quienes les hicieron creer que estaban siguiendo el proceso regular.

El mismo proceso fraudulento era utilizado para personas que querían obtener una licencia de conducir sin haber tomado los exámenes. También lo hacían para los que deseaban conseguir licencias para manejar vehículos pesados y hasta camiones de carga, declaró el fiscal, poco después de completarse los arrestos.

Reaparecerán multas borradas

González adelantó que las multas borradas de forma ilegal serán reactivadas, por lo que los ciudadanos tendrán que pagarlas. Entretanto, las licencias obtenidas de forma fraudulenta serán invalidadas.

Contra los 38 acusados, la fiscal Fabiola Acarón, del Departamento de Justicia, sometió 164 cargos por delitos de fraude, falsificación de registros electrónicos, soborno, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Después de encontrar causa para los arrestos, el tribunal impuso una fianza global de$3.7 millones.

“Arrestamos a algunos en lugares de trabajo y otros en sus hogares, porque hay algunos de estos funcionarios de Cesco que habían renunciado”, comentó González, quien no descartó que varios de los que no encontraron se hayan ido fuera de Puerto Rico.

Entre los imputados figuran 23 empleados de los Cesco de Manatí, Bayamón, Río Piedras (Tren Urbano), Fajardo, Ponce, Arecibo y Caguas. También hay tres empleados del Departamento de Hacienda, trabajadores del municipio de San Juan y un policía estatal.

Policía arrestado

El uniformado acusado fue identificado como Antonio Valentín Rosario, quien fue arrestado mientras trabajaba en el cuartel del Precinto de Bayamón Norte. Allí fue desarmado y esposado.

“Su participación consistió en recibir dinero de parte de un ciudadano en particular para que le borraran la multa. Él sirvió de intermediario”, dijo González.

“El ciudadano tenía como $2,800 en multas. (Valentín Rosario) le pidió $2,000 para el borrado de multas. Le borraron las multas con un funcionario de Cesco y consiguió su licencia”, explicó.

A su salida del cuartel, ubicado en los predios del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, ese oficial dijo desconocer por qué lo detenían.

“No sé de qué es”, expresó el uniformado.

Entre otros arrestados figuró una funcionaria del Cesco de Bayamón, quien supuestamente participó en actos investigados borrando multas. A su salida, una compañera de trabajo se sorprendió con la intervención y comenzó a llorar.

“Marie no es así, de verdad”, exclamó la empleada. “Yo lo sé… pero vamos a ver”, contestó la imputada mientras era sacada de su lugar de trabajo.

Esta investigación, denominada “Licencia Fácil II”, es la segunda parte de una investigación que culminó con la radicación de cargos contra cinco funcionarios de los Cesco y cinco gestores ilegales en marzo del año 2014.

En aquel momento, se intervino en los Cesco de Arecibo, Ponce y Metro. Como resultado de los cargos sometidos se realizó un referido a las autoridades federales y dos funcionarios fueron convictos tras hacer alegación de culpabilidad. Además, hubo un gestor y un civil que hicieron alegación de culpabilidad y dos funcionarios fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.

González dijo que por los pasados 18 meses continuaron la investigación. Aunque no tienen un estimado preciso, calculan que miles de dólares dejaron de llegar al Gobierno por el esquema fraudulento.

¿Más manzanas podridas?

Pese a la cantidad de arrestos y la frecuencia en las intervenciones de las autoridades, González no se mostró optimista de que la situación de actividades ilegales haya terminado en los Cesco.

“Tengo la certeza de que hay más funcionarios corruptos en las oficinas de los Cesco… Pudieran venir más arrestos. La investigación continúa”, sostuvo el funcionario.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a sentencias de tres años de cárcel. Los que enfrentan el delito de soborno también se exponen a ocho años de prisión. Mientras, por los delitos relacionados con violaciones a la Ley de Ética, los funcionarios no tienen probatoria y se exponen a una pena fija de ocho años cárcel.

Reacciona el DTOP. Por su parte, el secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz, lamentó la situación y manifestó que la transparencia y la verticalidad son elementos fundamentales para ejecutar el ejercicio del servicio público.

“Lamento, en mi carácter personal y profesional, los sucesos ocurridos durante el día de hoy. Estos son parte de una investigación que apoyamos desde que iniciamos nuestra gestión, en la cual el Departamento colabora con las agencias gubernamentales estatales de forma directa y proactiva”, sostuvo Torres en declaraciones escritas. “Cuando comenzaron las intervenciones con los empleados, iniciamos de inmediato el proceso administrativo correspondiente”.

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