La pesquisa que efectúa el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a agentes de la Policía y que fue confirmada por el propio jefe de la uniformada, se centra específicamente en agentes de las divisiones de Drogas y Armas, informaron diversas fuentes.
Según las fuentes, cerca de medio centenar de uniformados son el blanco de la pesquisa, que está a cargo de la escuadra de corrupción policiaca del FBI.
La misma es liderada por fiscales Heidi Boutrous y Marquet Meeks, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Mariana Bauzá, de la fiscalía federal en Puerto Rico.
El superintendente de la Policía, José Caldero, confirmó ayer que el FBI investiga a agentes de ese cuerpo y aseguró que varias de las pesquisas fueron solicitadas por la misma Policía.
“Hay investigaciones pendientes y van a haber acusaciones contra miembros de la Policía por corrupción”, afirmó el funcionario en entrevista con NotiUno.
“Aquí ha habido una investigación continua. Se han hecho arrestos. Ha seguido según nosotros nos vamos percatando de la investigación e información que nos llega, pues unas llegan al FBI, otra nos llega a nosotros y hay una buena colaboración entre los agentes”, agregó.
Empero, afirmó que no hay muchos policías corruptos y que los agentes son personas honestas.
“La gran mayoría de los agentes son gente honesta que hace su trabajo con devoción. Aquellos que vengan al delinquir a la Policía, yo les aseguro que los vamos a arrestar y los vamos a llevar ante los tribunales del país”, dijo Caldero a Radio Isla.
Manifestó que la Policía seguirá colaborando con el FBI.
Las declaraciones de Caldero se producen luego de que se informara ayer que el FBI efectúa una pesquisa contra un grupo de agentes que alegadamente están en la nómina de organizaciones dedicadas al trasiego de drogas realizan diversas tareas para estos.
Entre ellas, ofrecer protección a cargamentos de droga y hasta actúan como sicarios.
De igual forma, se investiga a agentes que roban dinero y sustancias controladas en puntos de drogas.
Caldero reconoció en entrevista con WKAQ que “el alegato es que los agentes ofrecieron protección policiaca”.
Mientras, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, anticipó que los arrestos se podrían producir próximamente.
“Te puedo establecer que son más de 25. Es mucha gente, cuando a mí me lo dijeron yo quedé prácticamente con la palabra en la mano, pero la persona está allegada a la investigación, la persona es parte de la investigación y muchas veces por obligación tienen que compartir esta información y la persona es muy seria”,
dijo el líder sindical sobre la información que recibió al respecto.
Consideró que la pesquisa del FBI es una situación “muy seria” y anticipó que la entidad defenderá a la Policía como “una institución ante lo que se avecina”.
“Pero en realidad la investigación existe; está en curso y va a haber unas personas que serán acusadas”, indicó. Sin embargo, aclaró que Caldero heredó casos de
corrupción que se vienen arrastrando desde hace años.
En los pasados años, el FBI ha efectuado operativos por corrupción policiaca. Entre éstos se destacan el operativo “Guard Shack” en el que se arrestaron a un total de 133 acusados, de los cuales fueron 89 agentes de ley y orden y 44
civiles. El grupo fue acusado por dar protección a transacciones de narcotráfico.
Otro operativo que llamó la atención ocurrió en mayo de 2014, denominado “Cantazo Azul”, en el que se arrestaron a 16 expolicías que integraban una pandilla acusada por crimen organizado, manipular récords de la corte, robo, extorsión, narcotráfico y violaciones a la ley de armas.
La Policía de Puerto Rico se encuentra en medio de una reforma que está a cargo del monitor federal Arnaldo Claudio. Ello, como parte de un acuerdo tras una demanda incoada en diciembre del 2012 por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington por violaciones de derechos civiles a residentes de la Isla por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, allanamientos y registros ilegales, así como fallas en proveer adiestramientos a los agentes y faltas de supervisión a policías entre otros.
La demanda surgió tras una investigación efectuada por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense entre el 2008 y 2011. La pesquisa surgió tras denuncias presentadas en Washington por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).