Héctor Pesquera pudo haber violado la ley orgánica del DSP

Héctor Pesquera pudo haber violado la ley orgánica del DSP

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera (horizontal-x3)

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. (GFR Media)

El secretario de seguridad pública, Héctor Pesquera, pudo haber violado la ley orgánica de la dependencia que ahora dirige cuando dio instrucciones a oficiales de alto rango en la Policía el 1 de mayo, sin ser confirmado por el Senado y sin que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) hubiese sido creado.

La zona de Hato Rey fue escenario el 1 de mayo de múltiples confrontaciones entre manifestantes y la Policía.

En el informe más reciente del asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés) de la reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, sostiene que el 1 de mayo Pesquera y el asesor legal principal del gobernador, Alfonso Orona, llegaron a lo que se conoce como el Fusion Center, en el Cuartel General.

“Destranquen eso”, supuestamente Pesquera le dijo a un oficial de alto rango al encomendarle la misión de sacar manifestantes del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Una oficial no identificada en el reporte dijo que al momento de Pesquera dar la orden la situación en el aeropuerto estaba bajo control, pero no intervino para “no complicar las cosas”. En ese momento la entonces superintendente, Michelle Hernández Fraley, no dio una contraorden.

Según Claudio, al no haber estado confirmado, Pesquera violó la ley del DSP.

En este mismo informe, Claudio se dio a la tarea de evaluar el trabajo de la Policía manejando masas de manifestantes en el Capitolio (18 de abril y 27 de abril), Centro para Puerto Rico (25 de abril) y Hato Rey (1 de mayo).

En términos generales, Claudio concluye, tras una investigación de un oficial identificado como José L. Pujol, que la Policía evitó confrontaciones “a toda costa” al utilizar herramientas como gas pimienta y gases lacrimógenos.

“La Policía aparenta haber aprendido autolimitarse, tener más disciplina y una mejor perspectiva de la meta de la misión”, lee el informe. “La evaluación de los vídeos disponibles demuestran que el uso de la fuerza utilizado por los miembros dela Policía en estos eventos fue el apropiado con algunas excepciones individuales que serán desglosados en este informe”.

Sin embargo, señala que en de un vistazo a los vídeos y los informes de uso de fuerza en la Policía se desprende que en muchas instancias en que usó fuerza, la misma no fue reportada como requiere una orden general.

“A pesar de la importancia de documentar correctamente el uso de fuerza, la evidencia demuestra que la Policía no lo hizo, lo que hace imposible con ese método determinar si se usó fuerza dentro de os parámetros establecidos en la uniformada”, lee el informe.

“Está claro que hubo documentación incompleta”, añadió al relatar las vicisitudes y evasivas que enfrentó para recibir vídeos de las manifestaciones en manos de la Policía.

Primero, explicó, un oficial le dijo que la Policía tenía “montones de vídeos” pero le entregaron un solo vídeo con reportajes televisivos y vídeos bajados de páginas de internet. No entregaron vídeos tomados por Policías hasta diciembre, y estos estaban editados.

“Estos hechos colocan dudas sobre los vídeos que fueron recibidos y se podría cuestionar que sólo representan parte de los incidentes grabados ese día”.

La Comisión de Derechos Civiles investiga desde mayo los procedimientos seguidos por la Policía para grabar ciudadanos.

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