Error de datos de Misla Aldorando en Registro de Ofensores

Error de datos de Misla Aldorando en Registro de Ofensores

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El error aparenta ser en uno de los números de la residencia donde vive, localizada en la urbanización Caparra Terrace, en Puerto Nuevo. (Archivo GFR Media)

Las autoridades investigan si el expresidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo, incurrió en algún delito luego de que se detectara que en el registro de Ofensores Sexuales aparece un error en su dirección.

Según la querella radicada este miércoles por la División de Registro de Ofensores Sexuales de la Policía, “se denunció a Misla Aldarondo por incumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 243 del 14 de diciembre del 2011”.

Según adelantó el teniente Víctor Castro, el error aparenta ser en uno de los números de la residencia donde vive, localizada en la urbanización Caparra Terrace, en Puerto Nuevo.

El funcionario explicó que las deficiencias fueron detectadas el 7 de diciembre durante un plan de trabajo para hacer visitas rutinarias y así corroborar lugares residenciales y, de paso, notificar a las comunidades que vive un ofensor sexual.

“En el registro aparece que vivía en el número 1588 de la urbanización Caparra Terrace y en realidad estaba viviendo en el 1590”, detalló Castro.

El caso será consultado en la Fiscalía de San Juan por la agente Wilma Caez, adscrita al Registro de Ofensores Sexuales.

La Fiscalía determinará si se trató de un error humano, el cual se arreglaría en el sistema sin mayores consecuencias o si se procedería con alguna radicación de cargos, indicó Castro.

En el 2003, Misla Aldarondo fue sentenciado a una pena de reclusión de más de 20 años y fue excarcelado en enero de este año del Complejo Correccional de Bayamón.

Este debe registrarse una vez al año en el Registro de Ofensores Sexuales. La próxima visita a esa oficina estaba pautada para enero del 2016.

El exlegislador novoprogresista, que es mantenedor de un programa de radio, recibió el privilegio de cumplir el resto de su sentencia en reclusión domiciliaria gracias al Programa de Comunidad del DCR, después que un comité evaluó favorablemente la petición del confinado que en 2014 reclamó consideraciones humanitarias debido a quebrantos de salud.

El confinado terminará de extinguir su sentencia en el 2018.

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