CAROLINA – El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, presentó el domingo un abarcador plan de 25 puntos que busca convertir a los 332 residenciales públicos de la isla en centros de transformación social, cuyo modelo de desarrollo se ajustará al perfil socio-económico y las necesidades particulares de cada centro de vivienda pública.
David Bernier y el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, recorren áreas del residencial Sabana Abajo junto a otros líderes del PPD. (Foto/Suministrada)
Dicho anuncio se realizó en el Residencial Sabana Debajo de Carolina en donde estuvo acompañado de su esposa, Alexandra Fuentes. Además, estuvo presente su compañero de papeleta, el candidato a comisionado residente, Héctor Ferrer y el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau junto a su esposa, Mabel López.
“Para transformar al país se tiene que trabajar con la raíz del problema. Los residentes de nuestros residenciales públicos tienen hambre de progresar, pero necesitan ayuda del gobierno, no para ser paternalistas, sino para crear programas que verdaderamente puedan ayudarlos a echar pa’ lante. Programas que tomen en consideración sus barreras socio económicas y que les faciliten poder llevar el sustento de su familia, día a día, con el sudor de su frente y que se sientan orgullosos de su trabajo”, expresó Bernier.
Bernier detalló que entre las iniciativas principales de su plan están la creación de 10,000 empleos nuevos para inquilinos de los residenciales públicos mediante cinco iniciativas de estímulo económico. Además, elevará a 600 el número de pequeños negocios con énfasis a la autogestión de residentes y se eximirá del pago de IVU a todo negocio que genere 500 mil dólares o menos. De igual forma, propuso la creación de 350 microempresas de cooperativas de servicios de residentes para laborar en sus comunidades, crear un programa multidisciplinario de servicios que incluirá el establecimiento de nuevos centros de cuidado de niños de edad preescolar hasta noveno grado con programas educativos por métricas, cursos de computadoras e inglés conversacional, cursos para que adultos puedan completar su cuarto año de escuela superior, así como programas de deportes y bellas artes en horario extendido.
Además, indicó que el plan propone establecer una biblioteca electrónica en cada residencial, ya que al presente sólo el 35 por ciento de estos cuentan con dicha facilidad. Asimismo, propuso ampliar los servicios de transportación y cuidado de la salud para envejecientes, fortalecer los programas contra la deserción escolar y abrir oportunidades de empleo y estudio a exconfinados que residen en los proyectos de vivienda pública mediante un programa de mentores.
Señaló que según datos de la Administración de Vivienda Pública (AVP), en la isla existen 332 residenciales que albergan 51,260 familias en unos 54,611 apartamentos, para una población estimada de 252,000 residentes. De éstos, el 57 por ciento o 29,220 residentes en edad productiva (18 a 49 años) están desempleados. Mientras, de los 33 mil niños y adolescentes entre las edades de 6 a17 años que viven en residenciales públicos, 12 por ciento o 3,828 son desertores escolares. Por otra parte, el 82 por ciento o 42,101 del total de las familias en residenciales son madres solteras jefas de familia.
“Este cuadro social nos indica claramente que la creación de empleos, la lucha contra la deserción escolar y el apoyo a las madres jefas de familias tienen que ser la prioridad en nuestra agenda de futuro”, indicó Bernier.
De otra parte, agregó que su administración gestionará que a los residentes que participen de las microempresas comunitarias y cooperativas de servicios, así como a los ex confinados que se inserten iniciativas de empleos, se les elimine la reducción gradual del cómputo que se usa para el programa de asistencia nutricional de la misma forma que se aplica a los trabajadores agrícolas. Esto permitiría que el 100 por ciento de los ingresos que obtiene la persona en un trabajo no se use como parte del tope que limite los beneficios del PAN en los primeros 18 meses de comenzar el empleo. Al presente, ese beneficio se reduce paulatinamente.
Asimismo, Bernier anunció que conjuntamente a Ferrer, gestionarán enmiendas a la reglamentación federal de vivienda pública para que se modifiquen varias disposiciones que agravan la situación económica de los residentes de los proyectos de vivienda pública.
“Vamos a luchar por cambiar el sistema de pago de renta proporcional al ingreso y ubicación geográfica que resulta ser una profunda injusticia y un absurdo. A diferencia del resto del país, los inquilinos de los residenciales públicos que trabajan y generan ingresos, pagan el monto de su mensualidad de forma proporcional a base de su ingreso. Es decir, si ese residente consigue aumento de salario o su conyugue consigue trabajo, automáticamente le suben el pago de la renta. Esto es penalizar a una familia por progresar”, expresó Ferrer.
Ferrer explicó que el 34 por ciento de los residentes de vivienda pública no generan ingresos, otro 38 por ciento reciben ingresos de 5,000 dólares o menos al año – lo que equivale a 416 dólares al mes – y otro 22 por ciento recibe entre 800 y 950 dólares al mes en ingresos. En resumen, el 94 por ciento de todos los residentes reciben 15,000 dólares anuales o menos, que los colocan dentro de nivel escasos recursos.
Como parte de la integración del sector no-gubernamental, el plan de Bernier contempla legislar para que toda entidad deportiva, artística, empresarial, turística o de cualquier tipo que reciba fondos públicos para gastos operacionales o de promoción, tengan que ofrecer un número de horas de trabajo voluntario y comunitario en los residenciales púbicos.
El presidente del PPD sostuvo que su plan será financiado a través de una reasignación de partidas del fondo de Servicios de los Administradores que asciende a 10 millones de dólares de fondos federales. Además, se consignarán 10.6 millones de dólares ya aprobados al programa Vivienda en Acción que encamina el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la distribución estratégica de 4.5 millones de dólares del programa Redes del Departamento de la Familia, 15 millones de los programas de servicios de entidades del tercer sector de 15 millones, cuyos fondos ya están asignados dentro del presupuesto vigente. Esto representa una inversión de aproximada de 40 millones anuales o 160 millones por los próximos cuatro años.