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El Presidente de la Comisión de Informes Especiales del Contralor, Carlos Javier Torres, radicó la Resolución del Senado 1517, que de aprobarse ordena a la Comisión de Educación y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio abarcador sobre el funcionamiento del Programa de Servicios Educativos Suplementarios, conocido como “Tutorías SES” del Departamento de Educación.

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El Senador por el Distrito de Guayama, enfatizó que tiene información de que este programa no está funcionando. “Es nuestro interés que se evalúe el mismo y se identifiquen aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar el manejo adecuado de los fondos públicos y el cabal cumplimiento de las normas aplicables”.

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“Entre los datos que nos han llegado es que el Programa de Servicios Educativos Suplementarios ha sido objeto de diversas denuncias por alegadas irregularidades en su funcionamiento. El mismo maneja sobre $100 millones anuales, y este ha sido señalado en un informe que comprende el año escolar 2006-2007 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, debido a serias irregularidades en la administración y supervisión de los fondos”, indicó Torres Torres.

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Como parte de ese mismo informe, se desprende que el Departamento de Educación concedió 47 contratos por $112 millones a 18 proveedores, sin una adecuada fiscalización ni supervisión. Los hallazgos van desde estudiantes que alegadamente no recibieron los servicios y maestros que dieron clase a los participantes durante el horario regular de las escuelas y luego en las tutorías, entre otros.

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Por otro lado, se ha denunciado la práctica de ofrecimientos irregulares a los padres y/o encargados por parte de las compañías contratadas con el propósito de ser seleccionadas por éstos.

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Por último, el senador Torres Torres enfatizó; “Es necesario tomar las acciones correspondientes porque como en ocasiones anteriores el mal manejo de dichos fondos ponen en peligro la millonaria entrega de ayudas federales para el Departamento de Educación. Nuestra prioridad es que los servicios directos a nuestros niños no se vean afectados y no escatimaremos esfuerzos para lograr que no se pierda ni un solo fondo por un mal manejo o desempeño de funcionarios públicos”, concluyó Carlos Javier Torrres.

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