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Gestores del bajo mundo.
Un esquema de fraude para expedir licencias de armas ilegales, encabezado por una gestora privada y su esposo -que trabajaba como reservista de la Policía-, así como por el director de la División de Investigaciones de Armas de Fuego, su secretaria y un empleado de una armería, fue desarticulado ayer por las autoridades federales y estatales.
Durante la redada ayer del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) y la Policía estatal se arrestó a 23 personas, de un total de 28 que participaron de las actividades ilegales, bien sea mediante la alteración de documentos para que se expidieran las licencias de armas o por la contratación de estos servicios a los gestores con contactos en la Policía.
Sin embargo, la pesquisa no ha concluido y no se descarta que se detecte este tipo de esquema que involucre empleados de otras armerías y la expedición ilegal de certificados de récord criminal.
La líder era Digna Mojica Hernández, que cobraba entre $2 mil y $7 mil, dependiendo de la complejidad del caso, para gestionar licencias de armas vendiendo su acceso a la información confidencial de la Policía, la manipulación de certificados de récord criminal y la oferta de declaraciones juradas con testigos falsos.
“Obtenían certificados de historial criminal mediante pagos ilegales y persuadían testigos a que prestaran declaraciones juradas falsas alegando que conocían al solicitante y que gozaban de buena conducta en la sociedad”, explicó la jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez, en conferencia de prensa conjunta con el jefe del FBI, Luis Fraticelli, y el superintendente de la Policía, Pedro Toledo.
Para que se limpiara el récord criminal de alguno de sus clientes, Mojica Hernández llegó a pagar hasta $300, según indican las acusaciones dadas a conocer por cargos de conspiración, extorsión, violación a la Ley de Armas y la alteración de documentos públicos.
La mujer es esposa del teniente jubilado Rafael Ferrán Rodríguez, quien trabajaba como reservista en la División de Investigaciones de Armas de Fuego y quien era su contacto junto con el director de la División, el teniente Carlos Cochran Ortiz. Este último no sólo recibía bonificaciones en efectivo, sino otros favores como el pago de las mensualidades de un auto Suzuki Aerio.
Jeannette Rosa Cruz, mano derecha de Cohcran, colaboraba en la manipulación de los expedientes de los clientes de la líder.
La cabecilla también recibía la ayuda de su hijo, Sandro G. Esquerdo Mojica, y de Carlos Morales, quien era empleado de la armería Vistazo en Naranjito.
A los clientes también les ofrecían el servicio de alterar las armas de semiautomáticas a automáticas, agregó la fiscal.
Toledo no descartó la remoción del superintendente auxiliar de Servicios al Ciudadano, José G. Marrero Ruiz, bajo cuya sombrilla estaba esta división.